Cambiar para volver a crecer

Más que los estímulos fiscales, es en las reformas estructurales donde España se juega el futuro.

Más allá de los presagios pesimistas con que empieza el año, hay algo que tendríamos que descartar a estas alturas. El modelo productivo capaz de volvernos a traer al crecimiento y a la ocupación no nacerá del plan deliberado de ningún Gobierno. Será más bien un cúmulo de decisiones descentralizadas de múltiples actores económicos, operando en diferentes mercados, el que irá dibujando, por bien o por mal, el futuro que nos espera en la economía global. No obstante, los gobiernos están convocados a ejercer en este proceso que denominamos, para abreviar, salida de la crisis, una influencia notable. Por un lado, facilitando las cosas a las fuerzas sociales más dinámicas, más capaces de innovar, de competir y de crear valor económico. Por la otra, modulando de manera favorable al crecimiento el hábitat compartido (reglas, incentivos, recursos y capacitados colectivas) en el cual las decisiones económicas tienen lugar.

una Buena parte del debate de los últimos meses sobre la política económica se ha centrado en la antinomia austeridad/crecimiento. Ahora bien, como recuerda Michael Spence, «encontrar la combinación adecuada entre estímulo y restricción fiscal cuenta para el crecimiento, pero es sólo una parte de la historia… En todos los países, para crecer de manera sostenible son necesarios importantes cambios estructurales». En realidad, es en estos cambios en los cuales los españoles nos jugamos una buena parte de nuestras opciones de futuro.

Los análisis más fiables coinciden que necesitamos reformas que modernicen y fortalezcan el sistema tributario, que faciliten el acceso al conocimiento y la tecnología, que promuevan la expendeduría y la creación de puestos de trabajo, que modernicen el sector público, que liberalicen los servicios y adelgacen la costra de intereses corporativos que mengua la competencia en los mercados. También nos instan, en especial, a elevar la calificación del capital humano. El último estudio de la OCDE sobre la economía española hace hincapié en este punto y señala el abandono prematuro del estudio en la etapa postobligatoria y las insuficiencias de la formación profesional como dos rémoras de nuestro sistema educativo.

El cambio estructural en la educación de la primaria a la superior ejemplifica, quizás mejor que ningún otro, el alcance de algunos desafíos de nuestra agenda pública. Los podemos caracterizar por tres notas comunes. La primera es que la viabilidad del éxito no depende tanto de incrementar los recursos disponibles como de asegurar el funcionamiento eficiente del sistema. Los datos comparados nos muestran que los resultados escolares se encuentran muy por debajo de nuestro nivel de inversión educativa. En cambio, hace meses que lamentamos los recortes en educación –cuando no distraídos por cortinas de humo tan vistosas como accesorias– y dedicamos poco tiempo a hablar del más importante: la organización de la profesión docente, la formación del profesorado, la autonomía de los centros o la evaluación y comparación de los resultados.

La segunda nota es que el propósito reformador requiere encender las luces largas. Apresurados por el déficit y la tesorería, los gobiernos se han encadenado a la tiranía del corto plazo, sin dejar ninguna rendija para el pensamiento estratégico ni ocuparse de construir mayorías sociales alrededor de algunos objetivos de largo recorrido. Además, en nuestro caso la bajísima capacidad de consenso en que ha caído el sistema político debilita el apoyo social y compromete la sostenibilidad de los cambios en el tiempo. Las estériles controversias partidistas y los bandazos de las políticas educativas los últimos tiempos  son una buena muestra.

La tercera nota apunta, finalmente, a los instrumentos del cambio. Reformar no es simplemente cambiar las regulaciones, sino modificar de manera efectiva las conductas de los actores sociales. Para conseguirlo, invertir en gobernanza y gestión pública acontece un requisito ineludible. Volviendo al ejemplo de la educación, de poco servirán nuevas reformas legales si tanto la administración educativa como la gestión de escuelas, institutos y universidades continúan regidas por la combinación de rigidez burocrática y corporativismo asambleario que hoy las caracteriza.

En definitiva, mirar el futuro con voluntad de cambio obliga a prestar atención, como señalaban ya hace unos cuantos años Ernesto Stein y Mario Tommasi hablando del América Latina, a la «política de las políticas públicas». Con las buenas ideas y las buenas recetas de políticas no hay bastante. El proceso de diseño, adopción e implementación de buenas políticas es igualmente importante y acaba siendo decisivo. Construir esta capacidad institucional para hacer reformas profundas y duraderas es actualmente para nosotros la prioridad quizás más urgente.