Trillo atribuye a la cúpula militar la responsabilidad de la contratación del Yak-42

19/3/2008 17:28 h DECLARACIÓN POR ESCRITO

Trillo atribuye a la cúpula militar la responsabilidad de la contratación del Yak-42.

AGENCIA EFE MADRID.

El exministro de Defensa Federico Trillo ha declarado que la responsabilidad de la contratación del avión Yak-42, que se estrelló en Turquía en el 2003, era del Estado Mayor Conjunto y que él no tuvo ninguna competencia en este asunto, según la declaración escrita que ha presentado al juez.

Trillo se ha acogido al derecho que tiene como exministro de declarar por escrito y ha contestado a las preguntas que le hizo el juez de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska en un cuestionario de 23 páginas. En él ha reiterado que no tuvo nada que ver con el alquiler del avión accidentado.

El exministro remitió la declaración al magistrado el pasado viernes y hoy se ha puesto a disposición de las acusaciones particulares en la causa, constituidas por los familiares de los 62 militares fallecidos en el accidente del Yak-42.

El turno de Bono.

El siguiente en declarar como testigo en la causa será el sucesor de Trillo al frente del Ministerio de Defensa, José Bono. El político socialista ha sido citado para el próximo tres de abril.

Además de Bono, falta por testificar la representante legal de Chapman Freeborn, la compañía británica que trabajaba para la agencia NAMSA de la OTAN y que se encargó de contratar los aviones. La representante ha solicitado declarar en Londres, su ciudad de residencia y el juzgado aún no se ha pronunciado sobre la petición.

La reapertura del caso.

Grande-Marlaska ya ha tomado declaración a cuatro mandos militares, al expresidente de la asociación de familiares de las víctimas, Alfonso Agulló, al entonces secretario general de política de Defensa, Javier Jiménez Ugarte, y al perito aeronáutico designado a petición de las familias, Cecilio Yustas.

El magistrado investiga la contratación del Yak-42 que se accidentó en Trebisonda (Turquía) el 26 de mayo del 2003, después de que la sala de lo penal le obligara a reabrir la causa que él mismo había archivado el pasado junio.Igualmente archivó las diligencias relativas al reconocimiento de los cadáveres, decisión que la fiscalía también ha recurrido ante la sala porque considera que el equipo militar forense que realizó las identificaciones falseó la identidad de 30 de los 62 militares fallecidos.