Las víctimas de la guerra y la dictadura podrán pedir compensación a un Consejo elegido por las Cortes

MADRID, 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Ley de Memoria Histórica ya es una realidad. El Consejo de Ministros ha aprobado el proyecto de ley, del que no figura un nombre específico, para compensar a las víctimas de la guerra civil y la dictadura franquista. La principal novedad será la creación de un Consejo elegido por el Parlamento que permitirá este colectivo solicitar compensaciones individuales en un plazo de un año. Además, el Gobierno ha prohibido la presencia de símbolos franquistas en edificios de la Administración central y recomienda a ayuntamientos y comunidades autónomas que hagan suya esta prohibición.

Son dos los informes que ha estudiado el Consejo de Ministros para cumplir el mandato del Parlamento con un proyecto de ley que cuenta con una memoria económica de 60 millones de euros. El primero es un análisis general sobre la situación de las víctimas (localización e identificación, símbolos y monumentos y la situación de colectivos específicos). El segundo se centra en la situación de los archivos públicos, incluyendo los procedimientos de acceso a los mismos o la protección de datos.

Para obtener la reparación moral de los afectados, la norma aprobada por el Gobierno prevé la creación de una comisión interministerial para instruir los expedientes de los ciudadanos que soliciten rehabilitación moral y un Consejo, designado por el Parlamento. Este organismo sería el que está legitimado para decidir sobre dicha reparación moral. Tendrá cinco miembros, personas de reconocido prestigio y su aprobación requerirá una mayoría de tres quintos, lo que obligará a los grupos parlamentarios a consensuar los nombres.

A esta comisión podrán dirigirse todas aquellas personas que no están satisfechos con la rehabilitación general. Las declaraciones de reconocimiento individual se publicarán en el Boletín Oficial del Estado. El Gobierno ha optado por esta vía, sobre la que se habían interesado unas 15.000 personas, rechazando la anulación de los juicios sumarísimos. El motivo es que la jurisprudencia del Tribunal Constitucional deja muy clara la imposibilidad de aplicar las leyes con carácter retroactivo. Además, es "menos costoso" para los ciudadanos desde el punto de vista judicial.

Las prestaciones, pensiones, complementos de pensiones e indemnizaciones económicas se dedican cinco artículos de los doce de los que consta el proyecto de ley. Se amplía el ámbito de aplicación de la Ley de 1979 sobre pensiones para que se puedan beneficiar quienes murieron por causas políticas o sindicales, se eleva el importe las pensiones de orfandad hasta los 132,86 euros mensuales y se establecen medidas para el colectivo de batallones disciplinarios.

AUTORIZACIÓN PARA EXHUMACIONES

En cuanto a la localización de las víctimas, se establece que las administraciones públicas deberán facilitar a los ciudadanos y familiares estas actuaciones si así lo demandan. La exhumación requerirá de una autorización administrativa. Para evitar conflictos, la apertura de fosas comunes estará sometida a un procedimiento que ponderará los intereses en todo caso. Los expertos calculan que todavía hoy hay 30.000 desaparecidos.

El Gobierno prohíbe los símbolos del franquismo. En concreto, se retirarán escudos, insignias, placas o menciones conmemorativas de la Guerra Civil o la dictadura "cuando exalten sólo a una parte". La excepción a esta orden será cuando se considere improcedente por razones históricas, artísticas o de interés general. De esta forma, no se retirará, por ejemplo, la vidriera del Alcázar de Toledo ni afectará al patrimonio de la iglesia. El Ejecutivo recomiendo a comunidades autónomas y ayuntamientos que también proceden a la retirada de esos símbolos.

El texto contiene la recomendación de aprobar una Ley de Archivos y documentos y establecer planes plurianuales con el fin de proceder a su ordenación y digitalización. El archivo de Salamanca pasará a ser 'archivo de la guerra' y se creará un Centro Documental de la Memoria. En cuanto a las víctimas del tardofranquismo, la norma recoge indemnizaciones para los fallecidos en defensa de la democracia entre el 1 de enero de 1968 y el 6 de octubre de 1977. Una treintena de personas, entre ellas las víctimas de los sucesos de Vitoria del 3 de marzo de 1976, se podrán beneficiar de estas ayudas de 135.000 euros.