UE y Fiscalía
investigan la contaminación del agua que abastece a toda Barcelona
·
Vista de los exteriores de la mina de Iberpotash en Súria.
(Efe)
AA
A finales de febrero de este año, el fiscal general del
Estado, Eduardo Torres-Dulce, recibía
un contundente informe de 16 páginas en el que se le detallaban diversas
sentencias de los tribunales y una incipiente investigación de la Comisión
Europea sobre la contaminación de toda la cuenca del Llobregat, que abastece
de agua al área metropolitana de
Barcelona. En el escrito se detalla que Iberpotash tiene
9 concesiones mineras en Súria y una en Sallent, ambas consecuencia de un
programa aprobado en el año 2003 y con autorizaciones ambientales que van desde
2006 hasta 2008.
El
escrito especifica también las sucesivas sentencias judiciales como
consecuencia de las cuales la Generalitat tuvo que pedir a Iberpotash una
fianza de más de 585.000 euros primero y, más tarde, de 6,9
millones “a la que ha aplicado una inaudita reducción del
50%”. Y explica: “Mientras tanto, la escombrera del Cogulló, que ahora
Iberpotash presenta como un depósito salino a la expectativa futura de
explotación para aprovechamiento de la sal sódica, supera
los 55 millones de toneladas en residuos altamente contaminantes y
sigue impunemente creciendo, con las consecuencias por todos conocidos de
salinización de la cuenca del Llobregat”. El firmante de la denuncia aporta
también las diferentes sentencias a favor de asociaciones de vecinos.
Pero
el apartado más importante desvela un dato inédito: que Europa
investiga la contaminación producida. El párrafo en cuestión
señala: “La Comisión Europea ha incoado un procedimiento de infracción, con
referencia CHAP (2013) 01557 de la Dirección General de
Medio Ambiente, por los reiterados incumplimientos de la normativa ambiental
comunitaria en relación con la actividad extractiva de Iberpotash en Sallent y
en Súria, a raíz de mi denuncia presentada el 14 de mayo de 2013 ante dicho
organismo con sede en Bruselas”.
Rio Llobregat. (Efe)
En
esa denuncia se aseguraba que la compañía salinera incumple la obligación
de gestionar los residuos salinos, que la Generalitat permanece inactiva ante
la intensificación del riesgo, que se está gastando dinero público para paliar
la contaminación producida por Iberpotash, la “vulneración del principio quien
contamina paga”, que los daños causados pueden llegar a ser
irreversibles “en la calidad de las aguas destinadas a la
extracción de agua potable para la población de toda la región metropolitana de
Barcelona” y que se han realizado actividades industriales sin el permiso
correspondiente.
El
extenso informe enviado a Europa habla también de “los obstáculos para hacer
cumplir la normativa comunitaria vigente debido a la connivencia de la
Administración de la Generalitat de Cataluña con Iberpotash” y demanda
exigencia de responsabilidades a las autoridades públicas que permiten esta
situación.
Un insigne vecino cabreado
El
insigne personaje que firma tanto la denuncia a Fiscalía como la de Bruselas es Sebastià
Estradé y puede presumir de ser doctor en derecho,
diplomado en ingeniería industrial, exprofesor de Física Nuclear, exsecretario
de la Cátedra Especial de Tecnologías del Espacio de la Universidad de
Barcelona y presidente de la sección de Derecho Aeronáutico y espacial del
Colegio de Abogados de Barcelona. Además, es un prolífico autor catalán (ha
escrito una treintena de obras de divulgación científica, narrativa breve,
ciencia ficción y divulgación ambiental) y tiene 91 años, aunque conserva toda
su lucidez y agilidad mental.
Sebastià Estradé y el doctor en biología Ramon Folch.
En enero de 2013, el Tribunal Superior de
Justicia de Cataluña (TSJC) ya le daba la razón a Estradé en su
contencioso con el Gobierno catalán y con Iberpotash, a quien reclama que
gestione los residuos como hacen todas las compañías en Europa o como esa misma
empresa hace en otros países. La firma, de capital israelí, tiene
yacimientos abiertos en Súria y en Sallent. El fallo de enero del año pasado
reforzaba una sentencia anterior de 2011 que anulaba parcialmente la
autorización ambiental de la explotación minera.
El
15 de octubre de 2013, el TSJC dictaba otra sentencia dando la razón a la
Asociación de vecinos Sant Antoni del barrio de La Rampinya, de Sallent, que
habían denunciado a la Generalitat y a Iberpotash por la contaminación del
medio ambiente. Los términos eran similares a los del anterior fallo.
Y
es que los residuos mineros se acumulan en plena naturaleza haciendo que, por
las condiciones atmosférica y medioambientales, puedan filtrarse a las cuencas
y al subsuelo. Además, en Sallent, una montaña de 500 metros de
altura da fe de la dejadez para minorar los efectos
industriales. En Europa, los desechos industriales se inyectan de nuevo en las
minas perforadas mediante la técnica del backfilling reduciendo
en su casi totalidad los efectos nocivos sobre el medio ambiente.
Paralelamente,
la Fiscalía Barcelonesa interpuso hace dos años una querella
en el juzgado de instrucción número 2 de Manresa contra
tres altos directivos de Iberpotash por presuntos delitos contra los recursos
naturales y el medio ambiente.
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