La constatación de que los recortes no son la solución, destroza la economía y pone en crisis los planteamientos de estos últimos años.

Se encienden las alarmas: 25.007 millones de déficit público hasta abril, récord en lo que va de crisis.

Es el primer cuatrimestre que mayor déficit ha generado desde que comenzó la crisis: 244 millones más que en 2012 y 18.454 millones más que en 2009. Pese a los recortes y la subida del IVA, la crisis sigue disparando los gastos en intereses, desempleo y Seguridad Social al tiempo que cae la recaudación. Para colmo, las cuentas acusan los trucos contables del año pasado.

El agujero de las cuentas públicas vuelve a encender las alarmas. Según el criterio de contabilidad nacional aceptado por Bruselas, el Estado central registró desde enero a abril el mayor déficit en un primer cuatrimestre de la historia de la crisis: la friolera de 25.007 millones, unos 244 millones más que en el mismo periodo del año pasado y 18.454 millones más que en 2009, el año de mayor déficit al acumularlo Zapatero en el último tramo del ejercicio.

Pese a la subida del IVA y los recortes que no estaban en vigor el año pasado, estos datos de abril se antojan peores que los del ejercicio de 2012. Si se atiende a los datos de caja, el déficit aumenta todavía más: alcanza los 17.404 millones frente a los 9.194 millones de 2012.

Las cuentas acusan, por un lado, una coyuntura económica aún más deteriorada y, por otro, todos los trucos contables de finales del año pasado. El desplome del PIB en un -0,5 por ciento se ha traducido en un aumento de los gastos en desempleo, Seguridad Social e intereses de la deuda al tiempo que caen los ingresos. 

Aunque los anticipos a las Comunidades Autónomas descienden hasta abril un 38,7 por ciento con respecto al año pasado, en estos cuatro primeros meses los gastos financieros engordan un 10,6 por ciento; los adelantos a la Seguridad Social se disparan un 49 por ciento principalmente por las prestaciones de desempleo; y las transferencias a otros organismos se incrementan un 44,2 por ciento. Después de años de crisis suprimiendo y posponiendo las inversiones, éstas han repuntado un 4,3 por ciento.

Los ingresos por caja también se resienten y se reducen un -6,8 por ciento. Sociedades cae un -37,1 por ciento, el IRPF un -5,3 por ciento, y el IVA un -4,7 por ciento incluso habiéndolo subido. De acuerdo con los criterios de contabilidad nacional fijados por Bruselas, el resultado es similar: la recaudación de IVA disminuye en el primer cuatrimestre un -9,9 por ciento y la de renta y patrimonio, un -4,1 por ciento.

Y este descenso en buena parte se explica por las devoluciones que Hacienda desplazó de 2012 a 2013 para poder cumplir con el objetivo presupuestario marcado por Bruselas. De hecho, si se observan los datos homogéneos que restan dichas devoluciones, entonces lo ingresado por IVA sube un 7,2 por ciento empujado por el alza de tipos; Renta baja un -2,8 por ciento una vez se ha agotado el efecto del recargo del 2012, y Sociedades repunta un 11,9 por ciento.

Todo ello hace inútiles los esfuerzos emprendidos en el gasto corriente, que cae un 5,2 por ciento hasta los 771 millones, y en el capítulo de personal, en el que se recortan 89 millones, un -1,1 por ciento. Debido a que se ha eliminado personal eventual y se han amortizado puestos, el Estado se ahorra en sueldos un 6,4 por ciento sobre el año pasado. Sin embargo, el desembolso para las pensiones de los funcionarios se ha elevado un 5,5 por ciento.

Hacienda argumenta que los datos son erráticos y que han influido las devoluciones y el calendario de pagos de impuestos. Con todo, por más que el Estado se haya ajustado, este año no hay ingresos de una amnistía fiscal y hay que compensar las mayores devoluciones, los adelantos del pago fraccionado de Sociedades y todos los gastos que se congelaron en 2012 y se emplazaron al 2013.

Además, los presupuestos estaban confeccionados para una caída del PIB del -0,5 y ahora tienen que enfrentarse a un desplome que puede oscilar entre el -1,3 y casi el -2 por ciento, según las previsiones de las casas de análisis.

El desfase presupuestario del Estado central se coloca en el 2,38 por ciento del PIB cuando el objetivo para el año se sitúa en el 3,7 por ciento. Las Comunidades en su conjunto tendrían que ceñirse al 1,2 por ciento, y la Seguridad Social al 1,4 por ciento. En total, para el conjunto de las Administraciones un 6,3 por ciento del PIB.