Estamos en el quinto año de la crisis. Aumenta el paro, la pobreza y la exclusión social; empiezan a aparecer casos de malnutrición en niños; hay decenas de miles de familias que han sido expulsadas de sus hogares; y los salarios siguen reduciéndose, mientras que no ocurre lo mismo con los precios de bienes y servicios. La gente, además, ha entendido que esta situación no es pasajera y puede prolongarse todavía unos cuantos años más. En esas condiciones, ¿por qué no se produce un estallido social? ¿Por qué no revienta el sistema? ¿Cuánto puede aguantar la sociedad española sin que se produzca un levantamiento?
Es difícil pensar en una conjunción de condiciones más favorables para provocar un estallido. En primer lugar, los efectos de la crisis son terribles. ¿Cómo puede sobrevivir una población con seis millones de parados? Lo peor es que el paro va a seguir creciendo, pues la demanda interna está hundida. Los ahorros y las ayudas con los que muchos han ido tirando hasta ahora se están agotando. Entre quienes tienen trabajo, muchos están con salarios de subsistencia en la economía sumergida. Y quienes conservan su puesto viven con el miedo permanente a que llegue el ERE o simplemente a que su empresa cierre.
En segundo lugar, las políticas salvajes de austeridad que España y la Unión Europea están llevando a cabo sólo sirven para desguazar el país y alejar el momento de la recuperación. En vez de que el consumo y la inversión del Estado palien la caída de la demanda de los hogares, el Gobierno está recortando en todos los capítulos de gasto de la administración. De esta forma, no sólo se agrava la crisis, sino que además la cobertura social a las personas afectadas por el paro y la pobreza disminuye. Aunque suene un poco brutal, la UE y el Gobierno han considerado que la salida a la crisis pasa por el empobrecimiento general de la mayoría de los españoles. No otra cosa significa “devaluación interna”.
En tercer lugar, se ha extendido la percepción de que el reparto de sacrificios está siendo enormemente injusto. El caso más sangrante, pero desde luego no el único, es el de los desahucios. El Estado desembolsa ayudas generosas y se endeuda peligrosamente para sanear los bancos, pero no pone solución a la situación de todos aquellos que con la crisis se han visto atrapados por las hipotecas. La insensibilidad de los poderes públicos y de los dos grandes partidos ante esta situación ha contribuido a aumentar el sentimiento de indignación de buena parta de la sociedad.
En cuarto lugar, no hay esperanza en estos momentos. A pesar de la propaganda del Gobierno sobre la recuperación inminente, la gente ha entendido que estamos en un proceso muy largo de estancamiento y que no esperan años muy difíciles.
Por último, estamos padeciendo a un partido de Gobierno corrupto y de una ineficacia pasmosa. Resulta increíble que, en un momento de gravedad como el actual, el presidente del Gobierno esté siendo chantajeado por la financiación ilegal del partido político que dirige. Es asimismo increíble que el Gobierno y el PP mientan constantemente a la ciudadanía sobre las donaciones ilegales que recibían de grandes empresarios.
A pesar de todas estas calamidades que he enumerado, la gente no se levanta. ¿Qué es lo que pasa?
Por un lado, ha dejado de haber alternativas. ¿Cuál podría ser el modelo que sustituyera al actual? ¿El capitalismo autoritario chino? No hay hoy una ideología que proponga un camino distinto al que estamos transitando y que sirva para organizar una resistencia efectiva. La gente está dominada por la rabia, que se traduce en rechazo y alienación con respecto al sistema económico y político, pero la rabia no cristaliza en un movimiento que suponga una amenaza colectiva.
Por otro lado, a pesar del empobrecimiento generalizado, España sigue teniendo un nivel de desarrollo considerable. Sabemos que las democracias desarrolladas son extraordinariamente estables. Aguantan casi todo. Hay una regularidad asombrosa: no ha habido nunca una democracia con una renta per capita superior a la de Argentina en 1976 que haya colapsado. España tiene una renta per capita muy superior a esa, incluso después de la crisis de estos años. Por eso, cabe esperar que haya tensiones y episodios violentos, pero no un estallido generalizado. En parte, porque el Estado es muy poderoso y puede poner freno a la protesta; en parte también porque hay muchas familias propietarias de pisos, o que tienen sus ahorros en bolsa, que no están dispuestas a arriesgar en aventuras de resultado incierto. El desarrollo trae consigo un mayor nivel de conservadurismo político a todos los niveles.
El síntoma más claro de que la gente, por muy cabreada que esté, no quiere riesgos, es la ausencia de un debate público en España sobre la conveniencia de permanecer en el euro. A pesar de que la unión monetaria ha resultado ser una ratonera, casi nadie quiere asumir los costes a corto plazo de salirse del euro. No deja de ser curioso que la gente dirija sus quejas a los partidos y a las instituciones españolas, cuando buena parte del problema reside más arriba, en las reglas de funcionamiento del euro y en las políticas que marcan los países del norte. Es verdad que ha caído mucho también la valoración popular de las instituciones europeas, pero sin demasiadas consecuencias: el apoyo al euro sigue siendo masivo. Este apoyo es definitivo para entender por qué no se produce un estallido.
En fin, seguiremos aguantando con resignación una situación que, se mire como se mire, resulta intolerable.
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