30.5.12

Campaña de Greenpeace contra el uso de residuos como combustible en cementeras



La organización ecologista Greenpeace tacha de “incineración encubierta e indiscriminada” el uso en cementeras de los combustibles derivados de los residuos (CDR), materiales preparados para la combustión en estas plantas y que proceden de la basura urbana.

Las administraciones han empezado a hacer una fuerte apuesta por convertir los residuos urbanos en combustible CDR para cementeras. Pero la organización ecologista considera que es una perversión del objetivo prioritario, que debe ser la reutilización y el reaprovechamiento de los desechos urbanos. Prueba de vigor de esta tendencia es que la Agencia Catalana de Residuos indicó que las cementeras tenían autorizado en Catalunya el año pasado tratar 220.000 toneladas de combustible CDR. Por su parte, Greenpeace indicó que el año pasado se habían tratado efectivamente 112.000 toneladas en toda España, aunque los datos no son muy fiables, dada la poca transparencia de las administraciones, dijeron.

Greenpeace expresó su total rechazo al aprovechamiento del combustible CDR en las cementeras, con el argumento de que en España el 88 % de la basura urbana (y el 60% en Catalunya) se recoge de forma mezclada. Según el estudio de esta organización, si estos materiales se hubieran destinado a su reciclado se habrían obtenido beneficios por valor de 7,7 millones de euros.

Esta entidad subrayó que el incremento del uso de CDR pone en la picota los verdaderos objetivos de recuperación de materiales. Los ecologistas alertan que ésta puede ser una vía de escapatoria para las administraciones; y, dado su potencial crecimiento, esta solución puede dejar en papel mojado el más que difícil de reciclar en 2020 el 50% de los residuos que se generan.

Greenpeace también se opone al consumo de CDR en cementeras porque “generan una dispersión de productos tóxicos incontrolables”. Además, esta solución va en contra de los intereses de las administraciones autonómicas, algunas de las cuales cuentan ya con una tasa ambiental para penalizar el vertido o incineración de residuos, instaurada con una finalidad disuasoria: fomentar la recuperación selectiva y el reciclado.

Así, la Generalitat podría dejar de recaudar hasta 3,8 millones de euros por el canon ambiental que cobra cuando los desechos van a vertido o incineración, explicó Julio Barea, director de campaña de Energía y Cambio Climático de Greenpeace.

Las cementeras usan cada vez más el CDR por dos razones. En primer lugar, porque su coste es una cuarta parte del precio que deben pagar por el coque de petróleo usado como combustible habitual (de 20 a 25 euros la tonelada, frente a los 80 euros la tonelada del combustible fósil). Y, en segundo lugar, porque así reducen sus emisiones de CO2, algo clave para este sector, sujeto a la directiva de comercio de emisiones (que le impone cuotas anuales de derechos). Una de las autoras del informe, Marta Jofra, ha asegurado que el gran beneficiario del sistema de los CDR es el sector cementero que no sólo deja de utilizar y pagar por el coque de petróleo como combustible sino que, al ver reducidas sus emisiones, puede incluso vender los derechos de emisiones sobrantes.

Ganan las cementeras.

Barea alertó que los CDR suponen ganancias económicas para las cementeras, mientras que al ser considerados como biomasa podrían recibir en el futuro primas para la producción eléctrica en el futuro. “Los CDR conllevan costes económicos negativos para el Estado y los únicos beneficiarios son las industrias que la consumen", ha afirmado el representante Greenpeace, quien ha reclamado al Gobierno más transparencia y "datos fiables" sobre el sector.

Los CDR están formadas por la fracción de restos de basuras urbanas, residuos industriales no peligrosos y restos no aprovechados en las plantas de reciclaje (plásticos, maderas, papel-cartón, textiles y orgánicos).En el caso de Catalunya, proceden en su mayor parte de los ecoparques del área metropolitana. El Área Metropolitana ha venido indicado que los CDR proceden de restos de residuos tratados en ecoparques, en los que se hace un aprovechamiento previo. “No se producen CDR a partir de basura indiscriminada”, dijeron fuentes del Área Metropolitana.

Garantías que da la Generalitat.

Josep Maria Tost, director de la Agencia de Residus, recordó las propias cementeras desean un material bien recogido y homogéneo para ser usados como combustible. Añadió además que existen estrictas normas de control de los contaminantes en las cementeras, y que estas instalaciones han hecho un importante esfuerzo de “adaptación con nuevos filtros”. También coincidió en que para no desvirtuar los objetivos europeos (tender hacia la supresión de los vertederos en el 2020), las administraciones deben apostar por el reciclado de materiales, para que sólo en última instancia sus restos últimos se conviertan en CDR.

Otras políticas.

Greenpeace reclama que se pongan en marcha políticas que tiendan al residuo cero, y propone soluciones como la recogida selectiva "puerta a puerta" que ya existen en más de 120 municipios españoles. También propone que se vuelva al sistema de depósito, devolución y retorno de envases, frente al empeño de cambiar la ley por parte del ministerio para vetar definitivamente esta opción, necesario para mejorar los pobres niveles de recuperación del contenedor amarillo (envases), lo cual ha motivado una denuncia de los grupos ecologistas a la UE (pues se sospecha que no alcanza las tasas exigidas por la directiva).

Julio Barea ha remarcado que la aplicación de políticas de reutilización y reciclaje de residuos generarían entre 7 y 39 veces más empleo que la incineración. Para Greenpeace, las emisiones de CO2 evitadas por la quema de este combustible no debería computar en el sistema de comercio de emisiones de CO2 de la UE y, en este sentido, propone la puesta en marcha de "sistemas coherentes" para lograr el objetivo de emisiones cero en 2050, que no se consideren los CDR como biomasa y que se excluyan del régimen especial de generación eléctrica, "porque no es una fuente renovable", ha señalado Barea.

Tendencia a más.

“Nadie conoce los CDR, pero son una puerta trasera para seguir quemando residuos", declaró Barea, quien criticó la opacidad en los datos que ofrece el Gobierno.

La coautora del informe, Marta Jofra, ha explicado a su vez que las 112.000 toneladas de CDR consumidas por las 36 cementeras que existen en España representaron tan solo el 4,3% del combustible utilizado en las mismas, aunque la previsión es que en 2020 la producción se eleve al menos hasta los 1,2 millones.

Greenpeace ha reconocido que los CDR generan menos emisiones que la quema de coque de petróleo, si bien han insistido en que el procedimiento para fabricarlo (se requieren instalaciones específicas) requiere gran consumo de energía (para desechar los desechos, hasta un máximo del 15% de humedad). Además se generan cenizas que se incorporan al cemento.

La delegada de Greenpeace en Cataluña, Anna Rosa Martínez, ha lamentado que, pese a la paralización en la construcción de incineradoras fruto de la crisis, los CDR suponen una "incineración encubierta", por lo que ha insistido en la necesidad de dar a conocer el problema a la opinión pública y apostar decididamente por el reciclaje.

24.5.12

CIU y PP aprueban el despido gratuito en nuestro país. Dicen que crearan ocupación facilitando el despido.



Utilizan la crisis como escusa para aplicar reformas, que de otra manera no habrían sido nunca capaces, entendiendo que gran parte de su electorado, tampoco es tan radical en los planteamientos neoliberales y de clara destrucción de la sociedad actual.

Los pilares básicos de nuestro estado, la sanidad pública, la educación pública y los derechos de los trabajadores, su reforma sigue laminando los derechos de la mayoría de las ciudadanas y ciudadanos.
Algunos piensan que con este programa oculto, tanto de CIU como del PP, bajo que concepto se pueden criticar las reformas aplicadas por Zapatero, quien recuerda las líneas rojas que nunca cruzaremos. La sanidad, la educación, los servicios sociales, las pensiones y amplio etcétera, que actualmente CIU y PP no han tenido ningún pudor en cruzar.

Es más, no solamente las han cruzado, sino que desde donde ellos están, estas líneas rojas ya ni de ven, solo queda un rastro de reformas obstinadas en desmantelar un sistema social construido durante los últimos treinta años.

Quitar los derechos, robar los progresos en sanidad entregando los hospitales públicos a la gestión privada y sometiendo a los hijos y las hijas de la mayor parte de la sociedad a una educación faltada de medios económicos y humanos.

Dejemos de pensar en las próximas elecciones y pensemos en las próximas generaciones, son ellos los que están en peligro, nosotros ya hemos caído.

El PP pacta 46 enmiendas con los diferentes grupos, la mayoría de ellas, con CiU. El proyecto sale adelante con los votos de conservadores y convergentes.

El despido podrá seguir siendo gratuito en los contratos de prueba a pesar de que mejore la situación del desempleo en España. Sólo dejará de estar dentro de la ley si la tasa desciende del 15%. Sin embargo, según las previsiones que maneja el Ejecutivo, la tasa de paro de 2015 será aún peor que la del año pasado. Dentro de tres años, el 22,3% de la población activa estará sin trabajo, frente al 21,64% de media con que se cerró el ejercicio 2011.

Esta es una de las principales novedades que se ha introducido a la reforma laboral del Gobierno durante su tramitación en el Congreso de los Diputados. El PP ha pactado 46 enmiendas con los diferentes grupos parlamentarios, si bien la mayoría de ellas han sido acordadas con CiU. El proyecto de ley ha sido finalmente aprobado con los 25 votos a favor de conservadores y convergentes. En contra se han pronunciado PSOE, Izquierda Plural, UPyD, PNV, Geroa Bai y BNG (en total 17).

Asimismo, el PP y CiU han pactado que la caída de ingresos durante tres trimestres que justifica el despido por causas económicas se produzca en comparación con el mismo periodo del año anterior.
Respecto al periodo de consultas que se debe abrir entre la empresa y los representantes de los trabajadores en caso de despido colectivo, PP y CiU han pactado que pueda ser sustituido en cualquier momento por un procedimiento de mediación o arbitraje. Lo que no varía es que la autoridad laboral deberá limitarse a constatar que han existido causas de fuerza mayor para los despidos.

Esto es lo que CIU y PP quieres para las trabajadoras y trabajadores de nuestro país.